miércoles, 18 de abril de 2012

Mesa de negociación de 17/04/2012. Frenazo implantación 37'5 hrs.

La Administración, en un alarde de cinismo, abrió su intervención diciendo que se ha sorprendido por la publicación, el día 28 de Marzo, de la Orden 615/2012 de 1 de marzo del Ministerio de Justicia y dice verse obligada  a modificar el calendario laboral de 2012 (negociado ya con los sindicatos el pasado mes de noviembre) y que se encuentra a la espera de su devolución por parte del CGPJ para adaptarlo a la nueva orden.

    Los actuales, y provisionales, responsables de la Consejería,  dan por hecho que en Andalucía vamos a asumir esa modificación y aumento de jornada y nos trasladan copia del nuevo calendario laboral para el año 2012, en el que ya se contempla la jornada semanal de siete horas y media y que suma en total 1875 horas anuales de las que descontadas las reducciones por fiestas, vacaciones, horarios reducidos, etc…se quedan según ellos en 1621 horas frente a las 1451 que se habían acordado en noviembre,  pero se detectan en este calendario algunos errores (según ellos aritméticos pero sin intención alguna) que se comprometen a subsanar.
    Siguiendo con su intervención la Administración hace alusión a la no variación de los días hábiles cuantificados ni al calendario de fiestas, pero si dejan caer la posibilidad de que esas dos horas y media de más, que ahora se establecen, se puedan cumplir trabajando solo por las mañanas,  o bien haciendo una tarde a la semana. 

    En el turno de palabra sindical,  por CSIF en un principio se entró “al trapo” a las pretensiones de la Consejería  y comenzó a relacionar sus propuestas a esta modificación y aumento  del calendario laboral.

    En el turno de SPJ-USO,  rechazamos  entrar a negociar la modificación del calendario 2012 y la vigente jornada laboral de 35 horas hasta tanto no se cuente con un equipo definitivo en la Consejería que salga tras la formación del Gobierno Autonómico y que nos pueda dar garantías suficientes, pues para nosotros no hay necesidad de precipitarse en esta materia, habiendo asuntos mucho más urgentes que llevamos años solicitando negociar, sin que la Administración acceda a ello.   Desde SPJ-USO entendemos y así se los trasladamos, que no es obligatorio en este asunto seguir “a pie juntillas” la línea marcada por el Gobierno de Madrid; alegamos igualmente la incidencia que este aumento puede tener en la calidad del servicio en la Administración de Justicia, asi como en el empleo y las condiciones laborales de los funcionarios, ya que esta modificación conllevaría, a buen seguro,  la destrucción de empleo (pudiendo influir en la desaparición de refuerzos, no contratación de interinos para suplir bajas o,  si se abre la posibilidad a trabajar por las tardes “gratuitamente”, pudiendo conllevar la desaparición del cobro del complemento actual que se cobra en los Registros Civiles por trabajar una tarde a la semana)
   
    El resto de sindicatos, y finalmente el CSIF, se alinearon con el planteamiento efectuado por SPJ-USO,  solicitando postergar este asunto hasta que haya un equipo de  Gobierno definitivo en la Consejería.

    La Administración al final justificó la reunión (que todos los sindicatos habíamos dado por inútil) diciendo que la valoraba positivamente porque así había conocido la posición sindical sobre este tema y entendía el mensaje de que había que abordar el asunto de forma global con otras consideraciones como las condiciones de trabajo.
   
    Desde la Consejería nos solicitaron  que cada sindicato se posicionara por escrito en este tema, una vez formado el nuevo gobierno andaluz,  a lo que les exigimos que para ello antes debía decirnos la propia Administración, también por escrito, cuales son las pretensiones que persigue con la modificación de la jornada laboral.
   
    Finalmente desde SPJ-USO se pidió, nuevamente, más transparencia a la Administración y se criticó la postura de la actual Dirección General de no trasladar ninguna información a los sindicatos sobre las plazas que se van a sacar a concurso de traslado en Andalucía, reiterando nuestra solicitud de que se procediese cuanto antes a  la publicación de los escalafones, tal y como ha hecho el Ministerio de Justicia en su territorio y de forma accesible por sus funcionarios mediante la intranet.

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